Para que no se repita el escenario del dictador «Pinochet» en el caso del criminal «Ghali

Articulo de opinión de Abdellah Boussouf.

No se puede ignorar la vergüenza del gobierno español a raiz de haberse o haberla implicado en permitir al matón «Ghali / Benbatouche» pasar la frontera con una identidad falsa y hospitalizarlo en uno de sus hospitales. Los detalles del escándalo llegaron al Parlamento Europeo y se convirtió en la comidilla tanto de los medios de comunicación internacionales como de las redes sociales.
Es la vergüenza que se reflejó en las declaraciones retorcidas del Ministerio de Asuntos Exteriores español quien lanzó la bola de fuego al terreno judicial.

Así mismo, no podemos obviar la rotunda debacle del partido político Podemos en las elecciones del 4 de mayo de la Comunidad de Madrid y la Declaración de su líder Pablo Iglesias, aliado de Sánchez en la coalición de gobierno, anunciando su retirada total del panorama político.
Sin embargo, la historia no solo recordará esta debacle, sino también aquellos escándalos financieros, la financiación de Irán (unos 700.000€ anuales) y también de Venezuela, a cambio de adoptar la tesis de los generales argelinos y declarar el apoyo a la doctrina secesionista, ya sea en Cataluña o con el Polisario.

Sin embargo, la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores español diciendo que si la justicia pide la comparecencia de Ghali, comparecerá, y que el gobierno no puede interferir en la independencia del poder judicial, nos lleva a revivir un famoso precedente judicial similar al expediente del criminal “Ghali”, hablamos del caso del dictador chileno Augusto Pinochet, cuando el destacado magistrado español, Baltasar Garzón, le acusó de tortura y afirmó su responsabilidad por los delitos de asesinato, secuestro y desaparición forzada entre los años 1988 y 1990.

El juez español le imputó estos cargos mientras el general Pinochet se encontraba en la capital británica, Londres, para ser tratado en octubre de 1998, y presentó al poder judicial británico una petición de extradición para que la justicia española lo juzgue en relación a los delitos de tortura de los que fueron víctimas ciudadanos españoles que desaparecieron en Chile durante el gobierno del general dictador
El período de su prisión domiciliaria por orden judicial en Londres y que duró aproximadamente un año y medio, fue testigo de debates legales y judiciales centrados en lo que se conoce como «el principio de jurisdicción de la justicia universal.
Entre marzo y abril de 1999, las autoridades británicas reconocieron la legitimidad de las acusaciones contra Pinochet por parte del Poder Judicial español, sin embargo acabó regresando a Chile en marzo de 2000 por «razones humanitarias», escapando así del martillo del juez español Baltasar Garzón.
Por otro lado, el caso de Brahim Ghali en España nos hace recordar otro incidente judicial, que fue abanderado por el juez español Ismael Moreno en 2014, quien ordenó la detención tanto del expresidente chino Jiang Zemin como del exministro chino. Li Ping, además de tres altos cargos a raiz de unas acusaciones por cometer crímenes de lesa humanidad, limpieza étnica y genocidio en el Tíbet a finales de la década de los 80 y principios de los 90 después de que una ONG y un ciudadano español de origen Tíbetano interpusiera una demanda contra ellos en 2006.
La emisión de la orden de busca y captura de los funcionarios chinos recibió una fuerte reacción de Pekín, que manifestó con tono amenazante que las autoridades españolas no deben realizar acciones que perjudiquen las relaciones entre China y España, lo que puede afectar al volumen de inversiones chinas, las grandes transacciones financieras y los fuertes intercambios comerciales entre ambos.
Ante esta situación, las autoridades de Madrid se vieron obligadas a buscar vías para recortar y modificar el principio de universalidad de la jurisdicción judicial agilizando la ratificación por el congreso de los diputados español de las disposiciones de la reforma judicial, y modificando el contenido del artículo 23 de la Ley Orgánica N°6 de 1985 relativo a la autoridad judicial, que por cierto es el mismo capítulo en el que el juez Garzón basó su demanda contra el dictador Pinochet en 1998.
Esta enmienda, que también fue votada en la cámara por el Partido Socialista, en aquel entonce lider de la oposición, permitió al gobierno español limitar la jurisdicción de los tribunales españoles y suspender el efecto del auto del juez Ismael Moreno, anulando así el enjuiciamiento de los líderes chinos por delitos contra la humanidad.
Así, se abrió un nuevo espacio para el debate legal, jurídico, jurisprudencial y constitucional en torno al artículo 23 y sus interpretaciones y modificaciones, ya sea en 2009 o 2014 bajo presión china, y su relación con los acuerdos firmados por el Estado español y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Lo que notamos aquí, por un lado, es la similitud de la acusación entre el dictador chileno Pinochet y el carnicero Ghali, ambos acusados ​​de crímenes de lesa humanidad, tortura y secuestro, ambos se encontraban fuera de los límites territoriales para protegerlos durante la acusación, y ambos están protegidos por «condiciones humanitarias».
Por otro lado, notamos la similitud de los elementos de la acusación y la presencia en suelo español con la ausencia del elemento «condiciones humanas» en el expediente de los dirigentes chinos con el expediente del verdugo, «Gali».

Se desprende del comunicado del Minisrerio de Exteriores español que pone en manos del poder judicial la suerte del líder mercenario, pero su afirmación de que cuando desaparezcan estas circunstancias, Ghali podría abandonar el pais, lleva el caso al terreno de la sospecha, haciendonos dudar de que quien decidirá el destino del separatista «fugitivo» no es principalmente el poder judicial español, sino otros factores.
Esta ambigua declaración diplomática abre el camino para más interpretaciones de cuáles son estas «puras causas humanitarias». La prioridad de estas causas humanitarias y el estado de salud del criminal frente a la gravedad de los delitos de genocidio, depuración étnica, asesinato, desaparición forzada, tortura, violación y otros graves cargos interpuestos por las víctimas de Ibrahim Ghali ante la justicia española, además del alcance de la independencia de la decisión judicial frente a acuerdos políticos en un caso que se ha convertido en una materia mediática global y un sólido expediente de derechos humanos que se está tratando en España y con instituciones internacionales de derechos humanos en Ginebra, París. , Londres, Washington y Adis Abeba, sede de la Unión Africana.

Por último, recordamos el dicho del pensador y filósofo «Karl Marx» de que la historia se repite dos veces, la primera en forma de tragedia y la segunda como farsa. Si la tragedia puede expresarse utilizando las condiciones humanitarias del caso del general «Pinochet» como vehículo para escapar de la rendición de cuentas al Poder Judicial español por los delitos de desaparición de ciudadanos españoles en Chile,  el mismo poder judicial español hoy está aludido hoy por no usar la misma justificación, es decir, «condiciones humanas», para ayudar al criminal Ghali a salirse con la suya, porque estaremos frente a lo que Karl Marx llamó una farsa

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