Melilla, la ONU pide a España escolarizar a una niña sin papeles El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha solicitado su acceso al colegio “de forma inmediata" de la menor marroquí, de 11 años.

Tras la denuncia impuesta por la familia afectada, y apoyada por la ONG Prodein y la Asociación de Abogados Extranjeristas, la ONU ha anunciado a las partes su admisión a trámite y ha exigido al Gobierno la adopción de medidas provisionales para permitir el acceso al sistema público de educación primaria “con el fin de prevenir daños irreparables en la menor”.

El Ministerio de Educación español dejó fuera del colegio este curso, en Melilla, a casi un centenar de menores al no poder, según el propio ministerio, acreditar su residencia en la ciudad. La medida cautelar impuesta por la ONU podría servir de precedente para desbloquear la matriculación del resto de afectados.

La menor, nacida en Melilla, lleva desde los seis años intentando ir al colegio, sin éxito. Su abogado, José Luís Rodríguez, afirma rotundamente que “está empadronada en Melilla, ha nacido en Melilla y lleva toda su vida en Melilla. Su madre fue una menor no acompañada tutelada por la ciudad autónoma.

Según Prodein y la Asociación de Abogados Extranjeristas, en esa misma, o muy parecida, situación, se encuentran casi un centenar de menores, a pesar de que la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica del Menor manifiestan que todo menor que se encuentre en España puede acceder a un colegio público, independientemente de su estatus administrativo.

La mayoría de los menores no escolarizados en Melilla son hijos de ciudadanos marroquíes, originarios de Nador, que residen de forma irregular en Melilla desde hace años. Los residentes de las ciudades marroquís fronterizas con España gozan de una política de exención de visado para trabajar o realizar compras en la ciudad, pero no para pernoctar en suelo español. Algunas de estas personas decidieron, hace años, asentarse en Melilla, pero no han conseguido regularizar su situación. Sus hijos, algunos de ellos nacidos en España, se encuentran en un limbo que bloquea su acceso a la educación reglada. El Ministerio de Educación asegura que estudia «caso a caso» con el objetivo de demostrar que cada niño «reside en la ciudad autónoma».

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