¡Los okupas están por todos lados! “Hay relación entre la proliferación de anuncios de compañías de seguridad y alarmas y el aumento de noticias, tertulias periodísticas y reportajes sobre los peligrosos okupas”. Algo así insinuó, hace unos días, un diputado, y portavoz, en sede parlamentaria.

Casi literalmente, llegó a manifestar, en el debate que se producía entre sus señorías sobre el, aparente, incremento del fenómeno de la ocupación de viviendas y la alarma social que eso estaba generando, “parece un debate patrocinado por Securitas Direct”, famosa empresa del sector conocida por absolutamente toda la población que reside de forma habitual en España gracias a sus omnipresentes campañas publicitarias.

La situación, que no deja de ser una anécdota, ilustra un extraño fenómeno que se está produciendo en el país. Los okupas están por todos lados. Hemos leído, oído, visto, hasta la saciedad, cómo los okupas se pueden quedar tu casa si te vas de vacaciones o te pueden denunciar por allanamiento si subes a regar las plantas mientras ellos están de vacaciones en Ibiza.

Eso es lo que han contado, de manera insistente, los medios de comunicación y ha circulado, mayoritariamente, por las redes. Todo empezó, de hecho se acentuó, a principios del pasado verano, una época en la que muchas familias españolas se trasladan de vivienda. La agresiva ofensiva publicitaria de las marcas del sector de la seguridad en general, y de las alarmas en particular, coincidió con una mayor presencia del tema de la ocupación en los medios de comunicación ayudados, sin duda, por la participación involuntaria de algunos políticos. Isabel Díaz Ayuso, bastante conocida por su desastrosa gestión de la pandemia del COVID-19, según el New York Times, llegó a manifestar que “un día de estos os vais de vacaciones y cuando volváis, porque consideran que la casa está vacía, se la dan a sus amigos okupas”. En Vox se atrevieron un poco más y llegaron a manifestar, en un claro subidón de testosterona,  “hay que sacarles de una patada en el culo el mismo día”.

Pero los datos no parecen justificar la aparente alarma social tan cacareada por el PP, Ciudadanos, Vox y tan amplificada por los medios de comunicación afines.

Parece, sinceramente, una cortina de humo para no profundizar en el problema real, la falta de acceso a la vivienda.

Paradójicamente, en el 2018, según datos del Ministerio del Interior, se produjeron 33 denuncias por ocupación y 160 desahucios al día. Tan sólo suele ser noticia lo primero.

Hace unos días, Joaquim Bosch, magistrado y portavoz territorial de Juezas y jueces para la Democracia, manifestaba, a través de twitter, que “no había tenido ni un sólo caso de ocupación de primera vivienda en sus 16 años como juez”.

Según los datos aportados por las diferentes asociaciones que participan, directa o indirectamente,  en el tema son muy escasos los casos de ocupaciones a particulares. La inmensa mayoría son viviendas vacías en las que no reside nadie y son propiedad de bancos o entidades inversoras, conocidas popularmente como fondos buitre. Además, cuando se trata de la primera o segunda residencia se produce un delito de allanamiento de morada y el desalojo, de los ocupantes, se produce de forma casi inmediata. De hecho, según fuentes oficiales, todas las ocupaciones acaban, más o menos tarde, en desalojo. Para ser más claro: si una persona ocupa la vivienda donde vive una familia, allanamiento de morada; si una persona ocupa una segunda residencia o la casa de la playa,  allanamiento de morada; si una persona ocupa una vivienda vacía, usurpación o, como se la conoce popularmente, ocupación.

Los medios de comunicación, casi sin excepción, presentan a las personas que ocupan viviendas como unos frívolos caraduras antisociales. El prestigioso magistrado Bosch lo definía de una forma muy diferente: “lo que yo veo en mi juzgado es personas que se han quedado sin trabajo y sin ingresos, por lo que no tienen dónde vivir, son familias vulnerables, por motivos socio económicos, y no son conflictivos. En la mayor parte de los casos se resuelve con acuerdos con los bancos. La ocupación es algo negativo para el propietario pero también para el que ocupa, con continua ansiedad, problemas de suministro, precariedad, se suele aceptar una solución”.

Nuestro sistema jurídico protege el derecho a la propiedad, y eso es, o debiera ser,  compatible con la protección del derecho constitucional a la vivienda. Si los esfuerzos se centran tan sólo en el desalojo, estaríamos persiguiendo penalmente a la pobreza.

Por eso no debemos hacer caso a ese tipo de discursos, si lo hacemos caemos en el riesgo, tal y como denunciaba una pintada en la esquina de mi calle, de pensar que “la vida es lo que pasa mientras te angustias por los okupas que se meterán en el piso que no tienes durante las vacaciones que no te puedes permitir”.

En cualquier caso, seguro que los responsables de Securitats Direct están encantados…

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