Las entidades sociales denuncian: “La UE debe respetar los derechos humanos y garantizar la movilidad humana”

Más de 50 entidades sociales de España han exigido a la Unión Europea una política migratoria que respete los derechos humanos y garantice la movilidad humana>, ante la «dramática» situación de miles de personas que mueren en el mar y frente al «auge del populismo xenófobo».

Según señalan las organizaciones, en el primer semestre del año 2019 más de 800 personas han perdido la vida en el Mediterráneo, a pesar de ser éste el año con menos llegadas de los últimos tres. Para ellos “no hay una crisis de llegadas como auguraron algunos, lo que hay es una crisis de muertes y omisión de ayuda en el Mediterráneo”.

Hasta ahora, según las organizaciones, la UE ha ido aumentando progresivamente los obstáculos a la movilidad “con políticas de represión y disuasión que ponen el foco en la seguridad de las fronteras y no en dar trato humano a los migrantes y proteger sus derechos, las actuales políticas migratorias de los países europeos son un claro ejemplo al tener como principales pilares la militarización, la disuasión y la externalización del control de las fronteras.

En concreto, denuncian algunas acciones como “la eliminación de misiones de búsqueda y rescate de personas en el mar, la criminalización de la solidaridad, el cierre de los puertos a las embarcaciones que salvan vidas en el mar, la brutalidad policial en las fronteras y el pago de millones de euros a países como Libia, Turquía o Marruecos para que bloqueen en sus fronteras a las personas migrantes». Para las entidades españolas “el rescate de personas en el mar es una labor imprescindible, e indigna la omisión al socorro, por parte de la Unión Europea, dejando morir a cientos de personas que intentan cruzar el Mediterráneo.

Los Estados han de garantizar la ayuda a cualquier persona en peligro en el mar, sin distinguir por razones de la nacionalidad, el estatus particular del individuo o las circunstancias en las que se encuentra», advierten.

Los denunciantes consideran esta actitud como un «grave incumplimiento de las obligaciones internacionales» relacionadas con la prestación de socorro y la ayuda humanitaria y destacan el «encomiable» trabajo de las ONG criticando que se las «criminalice o persiga».

En ese sentido, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes ha manifestado que “la imposición de limitaciones a la movilidad es parte del problema y no de la solución. La trágica muerte de migrantes en tránsito ha puesto clara y visiblemente de manifiesto la continua ineficacia de la gestión de las fronteras.

La única solución es adoptar políticas migratorias bien gestionadas que faciliten la movilidad de las personas migrantes y proporcionen a los Estados los controles de fronteras que necesitan”.

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