ILGA alerta sobre las detenciones por «homosexualidad» en Marruecos Hasta 70 estados continúan criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo

ILGA World (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado esta semana el Informe de Homofobia de Estado 2019. Las cifras sobre las persecuciones a los colectivos LGBTI son realmente preocupantes.

La asociación ha contabilizado 170 detenciones por «homosexualidad» en Marruecos en 2018. Según el medio radiofónico Aswat, «los ataques homofóbicos son la vida cotidiana de la población LGBTI en Marruecos».

En las últimas semanas, las activistas se han organizado para exigir una reforma del código penal en general, y la despenalización de la homosexualidad. Actualmente, las penas se sitúan de 6 meses a 3 años de prisión y una multa de 120 a 1.200 dirhams.

El artículo 489 del código penal, procedente de la herencia colonial francesa, recoge como delito «actos licenciosos o antinaturales con un individuo del mismo sexo».

Desde la sociedad civil se entiende como necesaria la defensa de estos colectivos. Sin embargo, la respuesta del régimen no ha existido. Un ejemplo de la lejanía del estado con las reivindicaciones sería la negación de reconocimiento oficial de la asociación Akaliyat («minorías»), tal como recoge una publicación de la revista francesa Têtu.

AFP también informó sobre la presión de los activistas al Parlamento. Según la agencia francesa, la propuesta se presentada con el de eliminar del código penal «todos los delitos penales relacionados con las libertades individuales».

Una criminalización con tendencia mundial

El informe De ILGA expone que 70 estados continúan criminalizando las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. La asociación ha clasificado este grupo de países en 4 categorías: criminalización de facto (2 países); hasta 8 años de prisión (31); de 10 años a prisión perpetua (26), y pena de muerte (11; en 6 es efectiva y en 5, posible). Pese a no criminalizarse, 55 estados no muestran ninguna protección contra la discriminación sexual hacia las relaciones consensuales del mismo sexo.

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