España alcanza la cifra de un millón de desahucios desde el 2008

A finales del 2019 se ejecutaban más de cien desahucios al día por no poder pagar el alquiler y más de cuarenta por no alcanzar para el pago de la hipoteca. Dos de cada tres desahucios en España se ejecutan por impago del alquiler.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAC, ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que “basándonos en los últimos datos, podemos afirmar que, a día de hoy, se produce 1 desahucio cada 12 minutos, el 68% de ellos por impago de alquiler”.

Según los expertos, la precariedad laboral, particularmente entre los jóvenes, impide la compra de viviendas y la emancipación de la vivienda de los padres. Eso ha provocado que los precios de alquiler se hayan disparado un 50% de media en los últimos cinco años.

Desde que estalló la crisis económica, hace ya más de diez años, la situación ha ido empeorando. Para la PAC “en este tiempo hemos sufrido una situación de emergencia habitacional sin precedentes. Primero silenciada, poco a poco reconocida, pero ninguna solución ni intenciones para ello, solo parches y maquillaje. La falta de una legislación que nos proteja, el exceso de políticas y gobiernos que han priorizado la especulación de un derecho fundamental protegido por la Constitución, que se han preocupado solo de sustentar los intereses de la banca y los fondos buitre, nos han llevado hasta aquí”.

El millón de desahucios afecta a más de dos millones y medio de personas en todo el país. Ante esa realidad, la Plataforma reclama medidas urgentes como el cumplimiento de los Tratados Internacionales de Naciones Unidas y su prevalencia sobre la legislación nacional para que no haya un desahucio más sin alternativa habitacional. O como la ampliación de la moratoria de desahucios, que finaliza el 15 de mayo, con mejora y ampliación de sus protocolos de acceso para que no afecte solo a las ejecuciones hipotecarias y también se acojan los casos de alquiler y ocupación. O como la renovación obligatoria de los contratos de alquiler social  si la familia sigue estando en situación de vulnerabilidad. O como la suspensión temporal de los desahucios hasta que las Administraciones Públicas puedan garantizar el acceso a una vivienda adecuada. O como la anulación total de los desahucios con fecha abierta, efectuando una revisión de la LEC que evite la reinterpretación de algunos jueces.

 

 

 

 

 

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