El tribunal de Estrasburgo TEDH: la devolución “en caliente” de dos subsaharianos por parte de España, no fue ilegal. Un giro de 180 grados: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de haber condenado a España en 2018, lo exculpó el pasado 13 de febrero, dictaminando que no había infringido la ley al expulsar en caliente a los emigrantes que llegaron en su enclave de Melilia.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el jueves 13 de febrero que la expulsión de un maliense y un marfileño por parte del gobierno español en 2014 no fue ilegal.

El portavoz  del Ministerio del Interior español declaró simplemente que,» respeta » las decisiones judiciales,  mientras que la sentencia del Tribunal fue muy criticada en por organizaciones de derechos humanos.

La decisión sorpresa, dictada por la Gran Cámara de la CEDH – su formación suprema, cuyos juicios son definitivos – toma lo contrario de una primera decisión del tribunal dictada el 3 de octubre de 2017. Inicialmente tomada por dos ciudadanos subsaharianos,  había condenado a Madrid por haber devuelto de inmediato (en caliente)  en agosto de 2014 a Marruecos a los dos hombres que acababan de pisar Melilia. Consideraron que habían sido objeto de una expulsión colectiva «sin un examen individual y en ausencia de cualquier procedimiento y asistencia legal» , y denunciaron una «política sistemática de expulsión de migrantes sin identificación previa»

El jueves 13 de febrero, la Gran Sala revocó esta decisión, encontrando que los solicitantes se habían » puesto en una situación de ilegalidad» al «deliberadamente (…) cruzar el sistema de protección fronterizo en Melilia, en lugares no autorizados y dentro de un gran grupo, aprovechando el efecto de masa y utilizando la fuerza » durante una operación» previamente organizada”. La Gran Sala concluyó «por unanimidad» por los 17 jueces que no hubo violación de los artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la prohibición de las expulsiones colectivas y el derecho a un recurso efectivo.

Duras críticas

Para Amnistía Internacional España, esta decisión  es «un gran golpe para los refugiados y los derechos de los migrantes» . «Las personas deben tener acceso a los procedimientos de asilo y apelar cualquier decisión, independientemente de cómo ingresaron al país donde desean refugiarse», dijo la investigadora Anna Shea en nombre de Amnistía.

La Asociación Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) cuestionó el argumento de la Corte de que los dos jóvenes africanos podrían haber solicitado asilo en el puesto fronterizo porque, según la ONG, “ninguna persona del África subsahariana ha podido acceder a este puesto desde su creación » . «Actualmente, muchas personas, especialmente del África subsahariana, son expulsadas colectivamente del país sin (…) poder solicitar asilo», escribe CEAR.

El abogado de uno de los solicitantes, el español Gonzalo Boye, consideró que la sentencia era «insostenible» , y los jueces establecieron «una doctrina que podría resumirse en que cualquier persona que se encuentre fuera del marco legal deja de ser sujeto» “derechos reconocidos en la Convención » .

Los hechos

El 13 de agosto de 2013, N.D., de Mali, y N.T., de Costa de Marfil, intentaron llegar a España escalando la valla fronteriza de Melilla que separa Europa de África. Habían llegado hasta allí después largos meses de viaje y penurias. Los dos intentaron el salto al paraíso en un grupo de alrededor de 70 personas, casi todas subsaharianas, como ellos.

El sueño apenas duró. Nada más poner pie en territorio europeo la Guardia Civil los arrestó, los  esposó, y los devolvió a Marruecos. N.D. y N.T. denunciaron a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El 3 de octubre de 2017  Estrasburgo se pronunció, concluyendo que España había violado el Artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe “las expulsiones colectivas de extranjeros”. El TEDH también consideró que España había vulnerado el Artículo 13 al no dejar que los migrantes presentaran un recurso efectivo y al no examinar sus casos. El gobierno español recurrió la sentencia.

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