El laberinto sin salida de la comisión Islámica de España

Desde la muerte por coronavirus del presidente de la Comisión Islámica en España (CIE), Riyaj Tatari Bakri, el 6 de abril de 2020, el puesto de la presidencia continúa vacante. La muerte del hombre que ocupó el cargo durante casi 28 años ha abierto la caja de pandora en el máximo órgano que representa la comunidad musulmana en España.

Desde entonces, la situación ha levantado las preocupaciones de las facciones rivales de dicha comisión como las inquietudes de las autoridades españolas, que temen que el liderazgo de la CIE pase a personas cercanas a las autoridades marroquíes. Con el fallecimiento de Tatary,  se ha abierto una sensible sucesión con muchos intereses cruzados en un ambiente de división entre diversas líneas del islam político. El histórico dirigente ha dejado un vacío de poder en la propia CIE, que  no tiene vicepresidente ni secretario para reemplazar a Tatary. A falta de pocos días para que el mandato de los órganos de la CIE expire (el 17 de julio de 2020), la comisión se encuentra en un callejón sin salida y en una batalla orquestrada por países extranjeros y el servicio de inteligencia español CNI.

Los intereses Cruzados

Las peleas en la CIE empezaron desde su fundación, a principios de los años noventa del siglo pasado. Mansur Escudero, Abdennur Coca y otros miembros de la Junta Islamica e impulsores de la FEERI (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas) fueron los principales promotores de La Ley 26/1992, por la que se aprobaba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España. Mientras se desarrollaban las negociaciones, la UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas de España), presidida por Riay Tatary Bakry, apareció en escena. Tatary, islamista sirio pro la Hermandad Musulmana, jugó un papel institucional destacado al servicio de los intereses del Estado. Se convirtió en la figura islámica más destacada en España.

Mounir Benjelloun , presidente del FEERI
Mounir Benjelloun , presidente del FEERI

Desde la década de los setenta, Tatary tenía una posición privilegiada con las autoridades españolas, las cuales lo consideraban un hombre de Estado. Mientras, la FEERI (máxima rival de la UCIDE de Tatary) consideraba a su organización como obstáculo: “ lleva veintiocho años controlando la Comisión Islámica de España, haciéndose fotografías con políticos, saliendo en los periódicos de mayor difusión, firmando acuerdos que en ocasiones son lesivos para los musulmanes. Veintiocho años, en los que la vida pública de los musulmanes no se ha normalizado, como lo demuestran los datos. Veintiocho años perdidos en la nada que solo dejan un vacío enorme”.

El problema interno de la CIE ha alcanzado dimensiones complicadas. Los mismos miembros reconocen la feroz rivalidad entre facciones del islam político. La UCIDE tiene proximidad con la Hermandad Musulmana y FEERI con la organización marroquí clandestina Justicia y Caridad. Incluso, sus propios miembros reconocen la fuerte presencia de los salafistas.

“La enfermedad del CIE es la falta de reconocimiento de los mecanismos democráticos del país en el que vivimos, todo eso ha influido de forma decisiva para que la representatividad religiosa se deslice hacia esferas de poder extranjeras y hacia movimientos islamistas, llámense Justicia y Caridad, Hermanos Musulmanes o cualesquiera otros”, asegura Mohamed el Ghaidouni, vocal de la Comisión Islámica de España y presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya (UCIDCAT).

Sin embargo, detrás de estas facciones del islam político están los países extranjeros. Desde los años setenta, el Estado español ha sido tolerante con la presencia de Arabia Saudí, Qatar o Kuwait, cercanos a una interpretación radical del islam sunita; wahabismo o salafismo.

El islam oficial de Marruecos, es maliki conocido como una interpretación  pacífica y de convivencia, sin embargo siempre ha sido rechazado por los servicios de inteligencia españoles.  A pesar de que los más de dos millones de musulmanes españoles en su mayoría son de origen marroquí, el Estado español ha mostrado mano dura contra cualquiera que promovía el islam maliki.

Los servicios de inteligencia siguen de cerca todos los movimientos que se están llevando a cabo en este laberinto  para nombrar a un nuevo jefe de la Comisión Islámica de España, ya sea por consenso entre los 25 miembros que conforman el comité permanente de la Comisión Islámica o por la intervención del mismísimo CNI para vetar cualquier posibilidad de la llegada de un presidente cercano a las autoridades religiosas marroquíes.

La primera posibilidad parece realmente complicada a causa del conflicto entre las facciones del islam político, especialmente entre la Federación de Instituciones Religiosas Islámicas, encabezada por Mounir Benjelloun, considerado como el representante del grupo clandestino marroquí Justicia y Caridad de Marruecos, y la Unión de Comunidades Islámicas, que fue presidida por Tatary.

Nourdine Ziani con Alan D. Solomont, embajador de Estados Unidos en España entre 2009 y 2013.
Nourdine Ziani con Alan D. Solomont, embajador de Estados Unidos en España entre 2009 y 2013.

Con esas disputas internas, la segunda posibilidad cobra fuerza por la histórica presencia de la inteligencia del Estado español en la CIE. En 2013, la presencia de los servicios secretos españoles provocó la expulsión del hombre Nordine Ziani, acusado por espiar para Marruecos. En 2015, el director de la fundación Nous Catalans, Àngel Colom, criticó al ministro del Interior, Jorge Fernández, y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por «maniobrar de forma imprudente para situar a un radical» como portavoz de la Comisión Islámica de España. En una entrevista al 324, Colom aseguró que el antiguo portavoz de la CIE, Mounir Benjelloun, «es un hombre próximo a Justícia y Caridad, un movimiento prohibido en Marruecos por radical, que propone y propugna un califato». Para el CNI, todo lo que está contra marruecos resulta bienvenido.

Prueba de ello es  la retirada de Mohamed el Ghaidouni de la carrera hacia la presidencia. Al Ghaidouni se tomó la expulsión de Ziani como un alivio y una oportunidad para reorganizar el tejido organizacional islámico en Catalunya y escalar posiciones dentro de la Comisión Islámica en España.

Sin embargo, los motivos reales detrás de la expulsión de Nordin Ziani, eran otros: el hombre era leal al islam marroquí oficial y defensor de las tendencias generales del estado marroquí. Además, fue recibido oficialmente por el Rey de Marruecos. Según los seguidores de los asuntos islámicos en España, la expulsión de Ziani no fue una decisión causada por considerarle un espía o un extremista, ni menos un independista, sino que se produjo en el marco de una política de precaución. El gobierno del Estado español (el Partido Popular)  y su aparato de seguridad tomó la medida como una estrategia para evitar la llegada de un hombre que anunció explícitamente la adopción del Islam oficial en Marruecos. No interesaba que ocupar el sillón de la comisión islámica de España en el futuro. Esta es la verdadera razón por la que la derecha española, sus medios de comunicación  y servicios de inteligencia tomaron este paso proactivo.

Mouhamed el Ghaidouni , Presidente de UCIDCAT
Mouhamed el Ghaidouni , Presidente de UCIDCAT

Mohamed el Ghaidouni se ha entendido muy tarde de la visión estratégica del Estado Español. No le ha servido su renuncia a Justicia y Desarrollo, el partido islamista marroquí pro Hermandad Musulmana que gobierna en Marruecos, para ganar confianza de los servicios de inteligencia españoles. Tampoco le ha servido su acercamiento al ex congresista español,  Mohamed Chaib.

En un vídeo publicado en el canal de YouTube de la Unión de Asociaciones Islámicas en Catalunya, el Ghaidouni dijo que son  «razones personales y profesionales» las que están detrás de la decisión de retirarse de presentarse como candidato. Sin embargo, fuentes cercanas a la Comisión Islámica de España confirmaron al diario «Andalus Press» que «esta decisión es sorprendente». Hasta la última reunión del Comité Permanente (unos días antes), el Ghaidouni fue uno de los demandantes más exigentes para cambiar el estatuto de la CIE, especialmente en lo que respecta al puesto de Presidente de la Comisión y la creación del cargo de Vicepresidente.

Simplemente se ha dado cuenta que no es una persona grata y aceptada por los servicios de inteligencia españoles y que el laberinto que lleva a la presidencia es tan complicado que cualquier hombre cercano a las autoridades marroquíes no tiene posibilidades de acercarse al trono de la CIE.

Una estructura organizativa criticada

Cerca de dos millones de musulmanes viven en el Estado español. Apenas hay 14 mezquitas reconocidas, pero, en paralelo, se reparten cerca de 1.600 puntos de oración por toda la geografía española. Se tratan de centros de culto entre los que hay pisos particulares y garajes. La mayoría están fuera del control de la Comisión Islámica de España. Además, los imanes que imparten sermones en estos sitios los realizan según el tipo del islam que predique la asociación que gestiona la mezquita, lo que pone en cuestión la legitimidad representativa de la CIE.

Muchos representantes locales de la comunidad musulmana ven que la CIE “no es un órgano representativo de los musulmanes, ni a nivel religioso, ni doctrinal, ni moral. Se trata de un órgano creado únicamente para desarrollar ciertos aspectos de los acuerdos de 1992 de las religiones minoritarias de notorio arraigo con el Estado Español, siendo una de ellas la religión musulmana. Debemos decir que ninguno de los aspectos relativos a estos acuerdos constituyen una referencia para el desarrollo de la vida de los musulmanes y su día a día, salvo dos asuntos de orden práctico como son en realidad la apertura de cementerios para musulmanes y las clases de religión musulmana en los centros educativos. Dos temas, que no se han desarrollado en los 28 años de existencia de la CIE”, subraya uno de los representantes de la comunidad musulmana en Ceuta.

Sistema de elección

La Comisión Islámica de España está formada por una junta directiva y una comisión permanente. El sucesor de Tatary debe salir de una votación de la esta última, en caso de que no haya una candidatura de consenso. La Comisión Permanente de la CIE la forman 25 representantes de las distintas federaciones, pero el reparto de los sillones es proporcional. Esto otorga un poder predominante a la mayoritaria UCIDE, que presidía el fallecido desde hace varias décadas. Aquí es dónde aflora de nuevo la histórica rivalidad entre las dos principales facciones de la comunidad islámica en España.

Este sistema de elección del presidente es el que recogen los estatutos vigentes, pero la FEERI los tiene recurridos en los tribunales, según la asociación presidida por Mounir Benjelloun, el principal opositor a Tatary. Aprobados durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, los estatutos de la CIE proporcionan a la UCIDE  14 representantes en la Comisión Permanente mientras que la FEERI solo tiene cinco. El resto se reparte entre federaciones minoritarias.

Casi tres meses han pasado desde el fallecimiento del histórico dirigente. Lejos de encontrar un sucesor de forma práctica y efectiva, la Comisión Islámica de España continúa sin presidente, pero con las mismas disputas entre las diferentes corrientes del islam políticos, los idénticos intereses de algunos países extranjeros y la prolongada presencia de los servicios de inteligencia españoles. Tal vez el nombramiento del máximo dirigente de la CIE deberá esperar.

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