Contratación de personas en situación irregular La Generalitat de Catalunya impulsa por primera vez una línea de subvenciones para que entidades sociales sin ánimo de lucro puedan contratar a personas en situación de irregularidad. El proyecto, pionero a nivel europeo, está impulsado por la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania y el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Migrantes recién llegados que trabajan en el centro social Darna de Barcelona (Foto: Paulo Costa)

La nueva línea de subvenciones, denominada ACOL, tiene el objetivo de facilitar la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de las personas inmigradas que hace al menos tres años que residen en España, los dos últimos en Cataluña.

“Uno de los requisitos para regularizarse mediante el arraigo social es disponer de un contrato de trabajo de un año”, explican fuentes de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. Desde el organismo añaden que, sobre todo, con la iniciativa “se quiere mejorar las condiciones de vida de las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad” y destacan las novedades del proyecto: “Es algo nuevo que un servicio público como el SOC acepte trabajar con personas en situación de irregularidad”.

ACOL se enmarca en el Programa de Treball  i Formació. Los beneficiarios no sólo van a obtener un contrato de trabajo remunerado de un año, sino que también recibirán formación dentro del horario laboral.

El programa, con un presupuesto de 1,5 millones de euros y financiado por la Generalitat, ofrece la posibilidad de que entidades sociales sin ánimo de lucro contraten a un total de 86 personas, durante el 2019, a jornada completa, con un sueldo mensual de 1.000 euros.

La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania quiere que la “diversidad de la sociedad se refleje en la administración y en las entidades”, que deberían ser “plurales y diversas”.

Las subvenciones están destinadas a aquellos que más lo necesiten, por lo que las solicitudes se valorarán de acuerdo con criterios de vulnerabilidad social. Se tendrán especialmente en cuenta los casos en que los beneficiarios tengan menores a su cargo, porque si los padres logran regularizarse, los hijos también lo conseguirán.

También se considerarán otros factores como si tienen acceso a una vivienda o problemas de salud, o si han realizado un proceso de integración, dado que es una condición para obtener el permiso de residencia por arraigo social. Por este motivo, se valorará que los beneficiarios hayan hecho los cursos de formación lingüística y de conocimiento laboral y de la sociedad catalana que contempla la ley de acogida de la Generalitat.

La convocatoria se hizo pública la semana pasada, y a partir de este martes y hasta el 23 de octubre las entidades podrán presentar posibles candidatos. Los contratos de trabajo tendrán que empezar como muy tarde el 28 de febrero del próximo año.

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